El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de México reafirmó su compromiso de vigilar que quienes integran el sistema judicial actúen con estricto apego a la ley, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos, particularmente de los grupos que requieren mayor protección, como las niñas y los niños.
En ese contexto, y como parte de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas, el Tribunal, a través de su Comisión Permanente Región Toluca, resolvió por unanimidad la inhabilitación por diez años de un Juez de Primera Instancia, al acreditarse conductas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional.
La resolución se emitió tras comprobarse que el servidor público vulneró los derechos de niñas y niños al excluir, en diversos procedimientos, a las autoridades legalmente responsables de su protección, como el Ministerio Público y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Tribunal subrayó que la protección de los derechos de la infancia no puede entenderse como un requisito administrativo o una formalidad procesal, sino como una obligación constitucional que debe observarse en todas las decisiones judiciales en las que estén involucradas personas menores de edad.
Como consecuencia de estos hechos, se determinó que el juez sancionado no podrá desempeñar funciones jurisdiccionales ni ocupar cargo o comisión alguna dentro del servicio público durante el periodo establecido.
