Al considerar que cualquier forma de violencia es inaceptable, el Congreso mexiquense aprobó nuevas disposiciones para combatir los delitos cibernéticos y garantizar la integridad de la víctima. A partir de esta reforma, el Ministerio Público y la jueza o el juez podrán ordenar de manera inmediata las medidas de protección necesarias, así como la interrupción, el bloqueo, la destrucción o la eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados con la investigación por violencia digital.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense. Este documento tipifica la violencia digital, incorporándola de manera expresa como una modalidad que debe ser prevenida, atendida y sancionada por el Estado.
La legislación define este delito como toda acción dolosa realizada mediante tecnologías de la información y la comunicación, mediante la cual se expongan, distribuyan, difundan, exhiban, transmitan, comercialicen, ofrezcan, intercambien o compartan imágenes, audios o videos, reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización, y que le cause daño psicológico, emocional o afecte cualquier ámbito de su vida privada o su imagen.
El proyecto conjuntó las iniciativas de la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (Morena) y de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.
El proyecto legislativo, leído en sesión deliberante por la legisladora Sandra Patricia Santos, establece que el mandato del Ministerio Público y de la jueza o el juez deberá comunicarse por vía electrónica o mediante escrito a empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales, páginas electrónicas o a personas físicas o morales.
De acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de internet en donde se encuentre alojado el contenido y su localización precisa. Además, la autoridad deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido denunciado.
Por su parte, las plataformas digitales darán aviso de forma inmediata a la o el usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. Durante la discusión, la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) señaló que en el Congreso del Estado de México se da un paso histórico para combatir la violencia contra las mujeres, y refirió que cerca del 36 por ciento de las mujeres víctimas de ciberacoso recibieron insinuaciones o propuestas sexuales no deseadas. Finalmente, el documento señala que la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca la legislación penal vigente.
