La Operación “Restitución” se ha consolidado como una estrategia fundamental para devolver la certeza patrimonial a los habitantes del Estado de México. Surgida como respuesta a la creciente problemática de invasión de propiedades, esta iniciativa interinstitucional ha logrado asegurar 1,913 inmuebles relacionados con delitos de despojo en 69 municipios de la entidad, devolviendo más de mil propiedades a sus verdaderos dueños.
El origen de este operativo se remonta a un análisis realizado por la Fiscalía del Estado de México y la Mesa de Paz tras un lamentable suceso en el que una adulta mayor privó de la vida a presuntos “invasores” de una propiedad familiar. Derivado de esto, el 25 de abril de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles.
Respaldada por la Defensa, Marina, Guardia Nacional y policías locales y estatales, la unidad reporta que hasta la fecha 1,064 bienes ya fueron restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad (principalmente personas vulnerables y adultos mayores). De estos, 908 son casas-habitación, 153 predios y 3 locales comerciales.
Asimismo, 849 inmuebles se encuentran en condición de asegurados (671 casas, 153 predios y 25 locales). En la última semana, el operativo recuperó 57 inmuebles en 13 municipios, de los cuales 54 fueron casas habitación. También se ha logrado recuperar predios del patrimonio público, como una escuela en Almoloya de Juárez y dos unidades deportivas en Joquicingo y Metepec.
La eficacia de los operativos, ejecutados en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Valle de Bravo y Tlalnepantla, ha fomentado la denuncia ciudadana. A partir de la implementación de la Operación “Restitución”, se registró un incremento del 8.75 por ciento en los reportes: del 25 de abril de 2024 al 24 de abril de 2025 se contabilizaron 5,085 denuncias por este ilícito, mientras que del 25 de abril de 2025 al 24 de abril de 2026 la cifra subió a 5,530 (445 casos más).
Además de combatir a los grupos criminales, las autoridades indicaron que muchas víctimas acuden al Ministerio Público para señalar conflictos entre arrendatarios, problemas familiares, herencias o disputas entre colindantes. Afortunadamente, estos casos generalmente son resueltos de manera pacífica a través de procesos de conciliación, descongestionando el sistema penal.
