En el Congreso del Estado de México fue presentada una iniciativa para sancionar con hasta 12 años de prisión a quienes presenten denuncias falsas contra otras personas, con especial énfasis en la protección del sector educativo.
La propuesta fue impulsada por la diputada del PRI, Leticia Mejía García, quien planteó reformas al Código Penal y a la Ley de Educación estatal, con el objetivo de frenar acusaciones sin sustento que afectan la reputación, integridad y estabilidad laboral, particularmente de maestras y maestros.
De acuerdo con la legisladora, ser falsamente acusado es un riesgo que puede enfrentar cualquier persona; sin embargo, subrayó que en el ámbito educativo esta problemática ha impactado directamente al personal docente, por lo que consideró necesario establecer sanciones más severas.
La iniciativa contempla penas de hasta 12 años de cárcel para quienes imputen delitos de manera falsa, además de incrementar las multas por daño moral y reparación del daño, pasando de mil a cinco mil días multa.
Como parte de las medidas preventivas, la propuesta también establece que las autoridades educativas deberán fomentar la solución pacífica de conflictos dentro de la comunidad escolar, así como impulsar mecanismos alternativos de resolución de controversias.
Estas acciones estarían dirigidas a estudiantes, docentes, madres, padres de familia y tutores, con el fin de evitar que las acusaciones sin fundamento escalen a procesos legales.
Asimismo, se plantea la creación de protocolos de actuación para atender este tipo de casos, garantizando el respeto a los derechos humanos, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
También se contempla brindar apoyo legal, laboral y psicológico a las personas involucradas, así como establecer mecanismos de reparación integral cuando se compruebe que una acusación fue falsa.
Durante la exposición de motivos, la diputada citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en 2021 reportó que cerca del 44 por ciento de las personas privadas de la libertad afirmaron haber sido acusadas falsamente o implicadas injustamente en un delito.
Ante este panorama, la legisladora señaló que, si bien es fundamental fortalecer la cultura de la denuncia, también es necesario evitar que este recurso legal sea utilizado para dañar la reputación de terceros.
Finalmente, la propuesta busca reforzar el respeto a la labor docente, incluyendo la protección de su honor, prestigio y derechos dentro de la comunidad educativa.
