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Gobierno De México Envía Nota Diplomática A EU Exigiendo Pruebas Contra Rubén Rocha

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Gobierno De México Envía Nota Diplomática A EU Exigiendo Pruebas Contra Rubén Rocha

El Gobierno de México ha formalizado una exigencia al gobierno de Estados Unidos para aclarar las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre autoridades sinaloenses. Mediante una nota diplomática, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a las autoridades estadounidenses el envío de pruebas fehacientes que sustenten las acusaciones emitidas en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de nueve funcionarios y ex funcionarios más de la entidad.

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La mandataria detalló que el documento fue enviado a Washington este martes a través de la cancillería. Esta acción diplomática se tomó después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) analizaran el caso y determinaran que faltaban pruebas contundentes en la acusación presentada por las autoridades del país vecino.

Al explicar la naturaleza de los documentos presentados por Estados Unidos, Sheinbaum fue crítica con su solidez legal: “Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía (General de la República), nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas».

La mandataria cuestionó: “¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron pues es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con un una nota escrita que dice: Juanito 30 mil pesos. Así está, so es público, no es, ¿entonces qué decimos como gobierno? Pruebas”.

Desde el salón Tesorería, la titular del Ejecutivo Federal dejó claro que, ante la falta de evidencia, estas acusaciones podrían tener un trasfondo distinto al judicial. Al respecto, sostuvo que su responsabilidad primordial es proteger la autonomía de México frente a injerencias extranjeras, priorizando siempre la comprobación legal de cualquier imputación lanzada contra servidores públicos del país.

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