Tres personas fueron sentenciadas a 78 años y 9 meses de prisión cada una por el secuestro y muerte de un niño de 5 años, identificado con las iniciales F.D.G.S., conocido como Fernandito, ocurrido en el municipio de La Paz, Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron encontrados responsables de delitos relacionados con el secuestro que causa la muerte y la desaparición de personas, luego de que el Ministerio Público acreditara su participación en los hechos.
De acuerdo con la investigación, el 28 de julio de 2025 los ahora sentenciados privaron de la libertad al menor como una forma de presión para exigir a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.
Durante los días posteriores, la mujer acudió en distintas ocasiones al domicilio de los implicados para intentar recuperar a su hijo. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, los tres sentenciados habrían ocultado al menor y se negaron a entregarlo.
La denuncia formal llegó el 4 de agosto, después de que la madre buscara ayuda en instancias ministeriales.
Una vez iniciadas las investigaciones por la privación de la libertad, agentes de la Fiscalía, en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio señalado por la madre.
Al llegar detectaron un olor fétido que provenía de unas bolsas ubicadas en el patio de una vecindad. Al revisar el lugar encontraron el cuerpo sin vida del niño, que se encontraba en estado de descomposición.
Los estudios periciales establecieron que Fernandito presentaba fracturas en la clavícula y una costilla, además de diversas lesiones contusas.
La causa de muerte fue determinada como traumatismo craneoencefálico. El intervalo post mortem calculado fue de entre tres y cinco días antes del hallazgo, por lo que la Fiscalía estableció que la muerte habría ocurrido entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2025.
La temporalidad coincidió con la declaración de la madre, quien señaló que su hijo había sido privado de la libertad el 28 de julio.
Fiscalía investigó atención que recibió la madre
Además de esclarecer el secuestro y homicidio del menor, la FGJEM abrió una investigación interna por la posible responsabilidad de servidores públicos ante una eventual negación del servicio y abuso de autoridad en perjuicio de la madre.
La indagatoria estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Según la investigación, el domingo 3 de agosto, un día antes de que se formalizara la denuncia, la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz para informar que había dejado a su hijo al cuidado de una amiga y que esta mujer se negaba a devolvérselo.
La mujer comunicó la situación a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en las instalaciones. Este, a su vez, informó del caso al agente del Ministerio Público que estaba a cargo en ese momento.
La Fiscalía señaló que el servidor público le habría indicado al practicante que debían esperar a otra funcionaria, identificada como Brenda, porque él ya se retiraría. También le habría señalado que, si la mujer no quería esperar, podía acudir a la Agencia del Ministerio Público de Género.
Después de esa orientación, la madre decidió retirarse.
Al día siguiente, 4 de agosto, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres de La Paz, donde finalmente se inició una investigación por la privación de la libertad del menor. Ese mismo día se realizó la diligencia en el domicilio donde posteriormente fue localizado el cuerpo.
Además de la pena de prisión, el órgano jurisdiccional impuso a cada uno de los sentenciados una multa de 1 millón 258 mil 682 pesos.
También deberán cubrir la reparación del daño moral por 618 mil 712 pesos y la reparación del daño material por 39 mil pesos, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
