La violencia en Guerrero ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, apenas seis días después de haber asumido el cargo. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el homicidio, que ocurrió ayer bajo circunstancias brutales. Cabe mencionar que tan solo dos días antes de este hecho violento, Alejandro Arcos, había pedido protección a la gobernadora Evelyn Salgado, petición que claramente fue ignorada.
Según informes de testigos y versiones preliminares, el cuerpo decapitado de Arcos Catalán fue encontrado en la capital del estado. La cabeza del alcalde fue localizada en el toldo de un vehículo en el libramiento hacia Tixtla, mientras que su cuerpo fue hallado en el interior de una camioneta, en el asiento del copiloto.
Las autoridades ministeriales reportaron que alrededor de las 17:00 hora local, vecinos alertaron sobre el macabro hallazgo. Este incidente se suma al asesinato, hace apenas tres días, de Francisco Tapia, secretario general de gobierno de Chilpancingo, lo que evidencia un patrón de violencia dirigida contra funcionarios municipales recién electos.
Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía Arcos Catalán, confirmó el homicidio a través de la red social X, exigiendo una investigación inmediata y clara por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). «Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Llevaban menos de una semana en el cargo», declaró Moreno.
Es importante destacar que, al asumir su cargo el pasado 30 de septiembre, Arcos Catalán había expresado su compromiso de «garantizar la paz y la seguridad en el municipio», mencionando que trabajaría «de la mano del Ejército Mexicano» para lograrlo.
Estos trágicos eventos subrayan la creciente crisis de seguridad en Guerrero, particularmente en Chilpancingo, donde los grupos del crimen organizado continúan disputándose el control territorial para actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión.
La FGE ha informado que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales ya han iniciado las investigaciones en el lugar de los hechos, buscando evidencias que permitan esclarecer este crimen.
