La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución favorable para que una residencia vinculada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pase a manos del Estado mexicano mediante el proceso de extinción de dominio.
El inmueble, ubicado en el exclusivo complejo Residencial La Retama, en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, está valuado en más de 51 millones de pesos y presuntamente fue adquirido con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso Agronitrogenados y sobornos ligados a AHMSA.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la residencia habría sido comprada en 2012 con dinero presuntamente vinculado a operaciones de lavado relacionadas con el empresario Alonso Ancira.
Las autoridades sostienen que el inmueble fue adquirido con parte de los 3.4 millones de dólares que, presuntamente, Ancira entregó a Lozoya a cambio de favorecer la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex a un sobreprecio.
La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, promoviera un recurso de apelación.
El tribunal confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre la propiedad ubicada en Lomas de Bezares.
El caso llevaba años en litigio. En 2023, una jueza federal había considerado improcedente la demanda al argumentar que la ley no podía aplicarse de manera retroactiva, debido a que cuando fue adquirida la residencia, el delito de lavado de dinero no estaba contemplado en ese mecanismo.
Sin embargo, posteriormente un tribunal colegiado revocó esa resolución y determinó que sí procedía la extinción de dominio con base en la Ley Nacional de Extinción de Dominio vigente desde 2019.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también rechazó atraer el caso, dejando firme que el proceso continuara en tribunales colegiados.
Aunque la FGR obtuvo una resolución favorable, Emilio Lozoya todavía promovió recursos legales y amparos para intentar evitar que la propiedad pase de manera definitiva al Estado mexicano.



