Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, la diputada del PVEM, Gloria Vanessa Linares Zetina, propuso una reforma para permitir que, de manera excepcional, se puedan embargar recursos de la subcuenta de retiro de personas deudoras alimentarias en el Estado de México.
La iniciativa presentada ante la LXII Legislatura mexiquense plantea modificar el Código Civil estatal para que el aseguramiento de la obligación alimentaria pueda recaer sobre los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente.
La propuesta establece que esta medida únicamente aplicaría cuando la persona deudora se encuentre desempleada y no cuente con otros bienes suficientes para cumplir con la pensión alimenticia.
Además, el juez deberá verificar primero la existencia de recursos en la subcuenta de aportaciones voluntarias y ordenar su embargo antes de recurrir a los fondos de retiro.
El documento señala que el embargo sólo podrá realizarse hasta por el monto que legalmente pueda retirarse en caso de desempleo, conforme a la legislación vigente.
Asimismo, la autoridad judicial deberá ordenar la entrega periódica de los recursos estrictamente necesarios para garantizar el mínimo vital de niñas, niños o personas acreedoras alimentarias, hasta que el deudor consiga empleo o se agoten los recursos disponibles.
Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en número de deudores alimentarios, con mil 758 casos registrados en 2021.
También señaló que, a nivel nacional, el 67.5 por ciento de niñas, niños y adolescentes no reciben pensión alimenticia después de la separación de sus padres.
La iniciativa del grupo parlamentario del PVEM, coordinado por José Alberto Couttolenc Buentello, sostiene que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera los derechos de menores y representa una forma de violencia económica contra las mujeres.
Finalmente, la diputada afirmó que el Estado no puede permitir que existan mecanismos financieros utilizados para evadir responsabilidades familiares mientras miles de madres enfrentan solas las consecuencias económicas del abandono.
