La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México solicitará la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para fortalecer una iniciativa que busca sancionar el uso de drones en la planeación y comisión de delitos como abigeato, despojo y robo.
La propuesta, impulsada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, plantea reformar el Código Penal mexiquense para castigar a quienes utilicen aeronaves no tripuladas con fines de vigilancia, recopilación de información o planeación de actividades delictivas.
Durante una reunión de trabajo, legisladoras coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación ante la evolución de las modalidades delictivas y el uso cada vez más frecuente de herramientas tecnológicas para cometer ilícitos.
La iniciativa también contempla que la FGJEM diseñe y opere un protocolo especializado para el manejo de la información obtenida a través de estos dispositivos, con el objetivo de garantizar el debido proceso y evitar que las pruebas sean invalidadas durante procedimientos judiciales.
La diputada María del Carmen de la Rosa señaló que las nuevas tecnologías han comenzado a ser utilizadas para vigilar propiedades, monitorear movimientos de personas y recopilar información estratégica para la comisión de delitos patrimoniales, por lo que consideró necesario endurecer las sanciones.
Por su parte, la diputada Emma Alvarez Villavicencio destacó la importancia de precisar la redacción de la reforma para evitar ambigüedades legales, además de establecer claramente cómo se acreditará el uso de drones y la validez de la evidencia obtenida.
En tanto, la legisladora Miriam Silva Mata propuso analizar la incorporación de otros delitos que también podrían cometerse mediante el uso de estas tecnologías, al considerar que su utilización criminal no se limita únicamente al robo, despojo o abigeato.
De aprobarse la reforma, las penas por abigeato podrían incrementarse hasta 27 años de prisión y 450 días multa cuando se acredite el uso de drones para planear o facilitar el delito.
En el caso del despojo, las sanciones podrían alcanzar hasta 25 años y seis meses de cárcel, mientras que para el delito de robo las condenas llegarían hasta 18 años de prisión, además de multas económicas.
La propuesta legislativa subraya que las aeronaves pilotadas a distancia permiten recorrer grandes extensiones de terreno, superar obstáculos y captar imágenes mediante cámaras y sensores, herramientas que pueden ser utilizadas para obtener información sobre bienes inmuebles, hábitos de las personas o condiciones de seguridad con fines delictivos.
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