La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra seis personas, incluida la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su presunta participación en la simulación de un secuestro que habría tenido como objetivo justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la edil denunció el pasado 1 de junio haber sido privada de la libertad un día antes por un grupo de personas que supuestamente exigían un rescate millonario para liberarla. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que los hechos fueron planeados y ejecutados por la propia alcaldesa junto con familiares y particulares.
Nancy Nápoles Pacheco, quien anteriormente fue diputada local por Morena y actualmente funge como presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, relató en su denuncia que fue interceptada por dos hombres y una mujer cuando llegaba a su domicilio el 31 de mayo.
Según su versión, fue obligada a subir a un vehículo rojo desde donde realizó llamadas telefónicas a familiares para informar que se encontraba secuestrada y que sus captores exigían 40 millones de pesos para dejarla en libertad.
La presidenta municipal aseguró además que logró escapar de sus presuntos secuestradores tras aprovechar un descuido y posteriormente fue auxiliada por su esposo y el director de Seguridad Pública municipal.
La Fiscalía mexiquense informó que durante las diligencias obtuvo videograbaciones en las que se observa el momento en que Nancy Nápoles aborda el vehículo señalado.
De acuerdo con el análisis de las imágenes, no se detectaron actos de violencia, sometimiento o resistencia por parte de la alcaldesa.
Por el contrario, la dependencia indicó que una de las personas involucradas incluso le ayudó a descender de su automóvil para trasladarse al vehículo rojo utilizado durante la supuesta privación de la libertad.
Las investigaciones también permitieron identificar que el automóvil Volkswagen Virtus rojo era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien habría participado junto con su hermano Víctor Manuel “N” y su pareja sentimental Christian “N”.
Los tres fueron detenidos el pasado 11 de junio en Oaxaca, donde presuntamente se ocultaban tras los hechos.
La Fiscalía aseguró que desde febrero de este año comenzó la planeación del supuesto secuestro por parte de José Roberto “N” y Óscar “N”, identificados como esposo y cuñado de la alcaldesa.
Según la investigación ministerial, el objetivo era exigir un rescate de 40 millones de pesos que sería cubierto con recursos públicos del Ayuntamiento de Tenancingo para justificar un presunto desfalco financiero.
Uno de los testimonios recabados por el Ministerio Público señala que los involucrados planeaban obtener el dinero del erario municipal para encubrir irregularidades financieras detectadas dentro de la administración local.
Las autoridades indicaron que la propia presidenta municipal habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del montaje.
La FGJEM informó que las seis personas señaladas en la investigación ya fueron detenidas y enfrentarán cargos por simulación de secuestro.
De acuerdo con las investigaciones, Nancy Nápoles fue trasladada a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio vecino de Tenango del Valle, donde posteriormente fue liberada luego de que la intensa movilización policial generada por su desaparición provocara que el plan comenzara a complicarse.
La audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa fue programada para el próximo 9 de julio, fecha en la que un juez determinará si enfrenta el proceso en prisión preventiva o en libertad.
Alcaldesa intentó coartar la libertad de expresión de periodistas locales que investigaban desfalcos
El caso también ha generado controversia por las acciones legales emprendidas por la alcaldesa contra periodistas de Tenancingo.
La organización «100 Periodistas por el Estado de México» denunció que Nancy Nápoles promovió una querella penal contra cuatro comunicadores locales, a quienes reclamó una indemnización total de 500 mil pesos por presunta violencia digital y daño psicológico.
Los reporteros involucrados aseguran que la denuncia surgió tras diversas investigaciones periodísticas relacionadas con presuntas irregularidades en la administración municipal, incluyendo problemas en servicios públicos, posibles casos de nepotismo y presuntos sobrecostos en obras.
La agrupación periodística solicitó la intervención de autoridades estatales para garantizar la libertad de expresión y evitar lo que consideran un intento de intimidación contra la labor informativa.
