Un nuevo escándalo ha surgido en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México. El Coordinador Estatal de Protección Civil, identificado como Adrián «N» en una denuncia reciente, está siendo acusado, junto con dos de sus hermanos, de despojar a un grupo de campesinos de sus propiedades en el municipio de Texcoco.
Según la denuncia, Adrián «N» y sus hermanos, Manuel «N» y Roberto «N», presuntamente utilizaron su influencia para que un juez cediera los derechos sobre seis casas en Texcoco, las cuales posteriormente se habrían adjudicado de manera ilegal.
El caso se complica aún más con la supuesta participación del secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares. Se le acusa de haber autorizado una serie de cateos basados en órdenes judiciales presuntamente falsificadas, con el objetivo de desalojar a los propietarios originales de sus viviendas.
Los denunciantes alegan que estas acciones se llevaron a cabo mediante maniobras oscuras destinadas a perjudicarlos. Sin embargo, es importante señalar que hasta el momento, los presuntos afectados aún deben presentar pruebas que respalden sus acusaciones.
Este caso pone en tela de juicio la integridad de altos funcionarios del gobierno estatal y plantea serias preocupaciones sobre el posible abuso de poder y tráfico de influencias.
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