La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró un predio ubicado en el Parque Pichardo Pagaza, en Cuautitlán Izcalli, donde se denunciaron presuntas actividades de lotificación y derribo de árboles dentro del Área Natural Protegida Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe.
Durante las diligencias realizadas, personal de la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente colocó cuatro sellos con la leyenda “Asegurado” en el terreno, como parte de las investigaciones por posibles irregularidades.
La intervención ministerial ocurrió luego de que autoridades del Gobierno Municipal realizaran un recorrido de inspección en el lugar e identificaran indicios de posibles trabajos de urbanización en esta zona de protección ambiental.
Tras detectar las presuntas actividades, el Ayuntamiento hizo pública la situación durante una conferencia de prensa y dio aviso a las autoridades estatales competentes en materia ambiental para que se realizaran las actuaciones correspondientes.
En el operativo participaron funcionarios de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, a través de la Coordinación de Conservación de los Cuerpos de Agua y Biodiversidad, además de personal de la Dirección Jurídica y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
De acuerdo con el gobierno municipal, el aseguramiento forma parte del seguimiento a las denuncias por posibles afectaciones en un espacio considerado de importancia ambiental para Cuautitlán Izcalli.
Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si hay personas detenidas ni detalla posibles sanciones relacionadas con las actividades denunciadas.
El Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a tener precaución ante posibles ofertas de terrenos ubicados en zonas sujetas a restricciones ambientales y recomendó verificar su situación jurídica antes de realizar cualquier operación de compraventa.
La administración municipal señaló que continuará colaborando con las instancias correspondientes para dar seguimiento al caso y prevenir actividades que puedan contravenir las disposiciones legales aplicables a las áreas naturales protegidas.
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