En días recientes, el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM para la presidencia municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, realizó una visita al Bazar de Lomar Verdes. Durante este encuentro con locatarios, el candidato les hizo promesas vacías, ofreciéndoles regularizar su situación en caso de ser elegido como presidente municipal.
Sin embargo, este predio tiene un dueño o dueños legítimos identificados como la Familia Ortiz Sánchez, quienes desde hace años han luchado por recuperar su propiedad a través de un juicio legal.
Los locatarios del bazar, por su parte, han interpuesto diversos amparos para evitar ser desalojados, lo que ha generado conflictos con las autoridades municipales. En múltiples ocasiones, cientos de locales han sido cerrados tanto por operar de manera irregular.
La administración municipal actual también ha tomado medidas enérgicas, clausurando más de cien locales que no cuentan con la documentación en regla para operar. Este contexto de ilegalidad y disputa legal ha sido aprovechado por Montoya para ofrecer un trato, que al parecer busca imitar las prácticas cuestionables de su cercana, la exalcaldesa Patricia Durán.
Durante su administración, Durán fue señalada por supuestamente recibir sobornos de los entonces líderes de la asociación del Bazar de Lomas Verdes, a cambio de no clausurar los locales ni desalojar a los comerciantes. Este tipo de prácticas, que buscan beneficiar a unos pocos a costa del orden y la legalidad, han generado indignación en la sociedad y han puesto en tela de juicio la integridad y el compromiso ético de los políticos involucrados.
Aquí los más afectados, son los locatarios del Bazar de Lomas Verdes, quienes desde hace décadas invirtieron su dinero en un local sin saber que el predio tenía dueño. Ahora, se encuentran en una situación complicada, con promesas vacías de un candidato que parece estar dispuesto a solapar irregularidades para obtener votos.
Ante estos hechos, diversos sectores la ciudadanía exigen transparencia, legalidad y un compromiso real con el bienestar de la comunidad por parte de los candidatos en esta contienda electoral, recordando que el respeto a la ley y a los derechos de todos los ciudadanos debe ser la base de cualquier gestión gubernamental.
