El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal para ampliar los supuestos que configuran los delitos contra la libertad sexual y aumentar las penas: hasta 20 años de prisión por abuso sexual y hasta nueve años por hostigamiento sexual. Las modificaciones, impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, establecen que ambos delitos serán perseguidos de oficio y deberán ser interpretados desde una perspectiva de género y considerando los contextos de vulnerabilidad de la víctima.
Durante la lectura del dictamen, la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó el esfuerzo de la gobernadora y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar sanciones a nivel nacional.
“Hoy estamos protegiendo la integridad y el bienestar de todas las mujeres… Esta violencia será castigada desde la primera manifestación”, afirmó.
Las reformas precisan que el abuso sexual comprende cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, en espacios públicos o privados, incluyendo tocamiento, exhibición o actos obligados hacia la víctima o en su presencia. Este delito será sancionado con hasta siete años de cárcel y multas de hasta 500 UMA (56 mil 570 pesos).
Cuando la víctima sea menor de edad, no pueda resistir el hecho, o el agresor se aproveche de una relación de confianza, subordinación o superioridad jerárquica, la pena podrá aumentar hasta 15 años, e incluso alcanzar 20 años si se comete con violencia, por varias personas o en lugares aislados.
El dictamen también establece que las personas agresoras deberán participar en talleres reeducativos con perspectiva de género y cumplir con medidas de prevención para evitar la reincidencia. Para la víctima, se garantiza reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada.
En el caso del hostigamiento sexual, se sancionará con dos a seis años de prisión y hasta 800 UMA cuando exista una relación de subordinación y el agresor aproveche su jerarquía. Si el responsable es servidor público o personal educativo, se aplicarán penas más severas, con destitución e inhabilitación.
Finalmente, se contempla sanción de hasta seis años de cárcel para cualquier servidor público policial, ministerial o judicial que se niegue a recibir una denuncia, disuada a la víctima o la intimide para no presentarla.
Estas reformas buscan garantizar justicia, protección y atención integral para las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad en el Estado de México.
