Con el objetivo de fortalecer la protección de la hacienda pública municipal, el Congreso del Estado de México analiza una iniciativa que busca endurecer los requisitos para nombrar a los tesoreros municipales y establecer responsabilidades para los integrantes de los cabildos que autoricen designaciones irregulares.
La propuesta, presentada por el diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, plantea reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para crear un esquema integral de prevención, control y reacción institucional ante posibles afectaciones al patrimonio de los ayuntamientos.
Entre los principales cambios destaca que el nombramiento y la remoción del titular de la Tesorería Municipal requieran el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, además de incorporar nuevas evaluaciones técnicas y de confianza para quienes aspiren al cargo.
La iniciativa establece que quienes ocupen la Tesorería Municipal deberán acreditar una evaluación de control de confianza, contar con un dictamen de idoneidad técnica y financiera emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México, presentar constancias de no antecedentes penales y entregar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Asimismo, el aspirante tendría que comparecer públicamente ante el cabildo para exponer su experiencia profesional, presentar su plan de trabajo y responder cuestionamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.
El proyecto contempla que los integrantes del ayuntamiento puedan ser sujetos de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales cuando autoricen o mantengan el nombramiento de un tesorero con dolo, conflicto de interés o negligencia grave que provoque daños al patrimonio municipal.
Además, cuando existan riesgos financieros relevantes o posibles afectaciones a la hacienda pública, el cabildo podría ordenar la separación provisional del funcionario mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
La iniciativa también incorpora la figura de un encargado de despacho para garantizar la continuidad administrativa cuando el titular de la Tesorería sea separado o removido del cargo.
De aprobarse, las nuevas disposiciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que únicamente aplicarían para los funcionarios designados al inicio de la próxima administración municipal.
