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Diputado Octavio Martínez Solicita A La Fiscalía Investigar Y Promover Desafuero De Fernando Vilchis, Exalcalde De Ecatepec Por Presuntos Vínculos Criminales Y Corrupción

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Diputado Octavio Martínez Solicita A La Fiscalía Investigar Y Promover Desafuero De Fernando Vilchis, Exalcalde De Ecatepec Por Presuntos Vínculos Criminales Y Corrupción

El diputado Octavio Martínez Vargas presentó una solicitud formal para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigue al exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal, Fernando Vilchis Contreras, por posibles vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción durante su administración 2018-2024.

A través del oficio /DTTOVI/189/2025, Martínez Vargas pidió a la FGJEM iniciar las indagatorias necesarias para sustentar y proceder con la solicitud de declaración de procedencia —conocida como desafuero— en contra de Vilchis Contreras.

La petición señala que durante su gestión, Vilchis habría protegido al grupo delictivo “Unión 300”, liderado por Luis ‘El Conejo’, organización vinculada a extorsiones, despojos y actos violentos que habrían incrementado su influencia en Ecatepec.

Asimismo, se destaca el hallazgo, en julio de 2025, de un centro clandestino de espionaje relacionado con el proyecto Jaguar II, presuntamente implementado durante el gobierno de Vilchis y asociado a un probable desvío de recursos públicos.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño patrimonial superior a 315 millones de pesos, una deuda histórica que supera los 4,500 millones de pesos, además de irregularidades financieras por casi 1,800 millones, pagos excesivos, nepotismo y finiquitos otorgados exclusivamente a familiares del exalcalde. También se reportan despojos de predios y presiones a sindicatos de transporte para controlar cuotas sociales.

Martínez Vargas solicitó que la Fiscalía investigue posibles delitos como peculado, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, y que coordine esfuerzos con la Fiscalía General de la República para gestionar el desafuero del exfuncionario.

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