Las comisiones legislativas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, junto con Derechos Humanos y Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, han comenzado el análisis de la propuesta de la ‘Ley de Mochila Segura’. Esta iniciativa busca reformar y agregar disposiciones a cuatro leyes estatales con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes mediante la revisión de sus pertenencias.
Emiliano Aguirre, autor de la propuesta, explicó que su objetivo es sentar las bases legales de una política pública que, aunque ha sido implementada por el Poder Ejecutivo estatal y municipal desde hace varios años, aún no cuenta con un respaldo legal específico para su aplicación. Esto ha llevado a que no sea universal ni permanente, y en ocasiones hay quienes se niegan a implementarla.
«Por esta razón, nos preocupa resolver progresivamente esta problemática que afecta a más de tres millones de personas que asisten a instituciones educativas», expresó el legislador, destacando la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Aguirre señaló que el Estado de México no debe seguir siendo una referencia negativa en cuanto a seguridad, y es por eso que se debe avanzar en la aprobación de esta iniciativa. Busca fortalecer el marco jurídico de actuación, convirtiendo al estado en un referente legislativo para otras entidades.
Esto cobra mayor relevancia tras el incidente ocurrido hace unos días en una secundaria en Los Reyes La Paz, donde se encontraron armas dentro del plantel. Ante esta situación, representantes de la Secretaría de Educación, Derechos Humanos y Seguridad expresaron su apoyo a la iniciativa y sugirieron que la operatividad del programa sea responsabilidad de los padres y la autoridad educativa, siempre respetando los derechos humanos.
Consideran fundamental que el programa no sea invasivo y que solo participen padres y representantes de la autoridad educativa en su implementación, evitando la presencia policial, ya que esto podría intimidar a los estudiantes.
Los miembros de la comisión coincidieron en que este tema debe ser abordado como prioritario y acordaron reunirse nuevamente con observaciones y propuestas concretas para enriquecer la propuesta de ley. El objetivo es tener el dictamen listo para el próximo periodo legislativo, que inicia en la primera semana de septiembre.
