El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una nueva instancia encargada de verificar la integridad de las personas candidatas que participen en el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027, mecanismo que busca prevenir posibles riesgos de infiltración de grupos delictivos en las elecciones.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas quedó formalmente instalada como Comisión Permanente del Consejo General del INE y aprobó los lineamientos que establecerán la coordinación con distintas instituciones públicas y el procedimiento para revisar la información de las personas postuladas.
La creación de esta comisión responde a una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, cuyo régimen transitorio estableció que la instancia debía estar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral federal.
La comisión estará integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien la presidirá, y Uuc-kib Espadas Ancona.
¿Qué revisará la nueva comisión?
Entre las disposiciones aprobadas se encuentra la posibilidad de realizar solicitudes directas de información a las fiscalías estatales. Además, el procedimiento contemplará a las personas suplentes de las postulaciones desde la etapa de precandidaturas y hasta el registro de las candidaturas.
Para realizar estas verificaciones, el INE mantendrá coordinación con instituciones federales vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
Entre ellas se encuentran las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El objetivo será contar con elementos que permitan identificar posibles riesgos relacionados con las candidaturas, particularmente aquellos que pudieran representar una amenaza para la integridad del proceso electoral.
Revisión no significa declarar inelegible a una persona
El presidente de la comisión, Arturo Chávez López, subrayó que el nuevo mecanismo deberá operar bajo principios de presunción de inocencia y estricta confidencialidad.
La información que sea obtenida durante las revisiones no constituirá por sí misma una declaración de elegibilidad o inelegibilidad, ni modificará los derechos político-electorales de las personas involucradas.
De acuerdo con lo aprobado, los datos tampoco podrán utilizarse para fines distintos de los establecidos por la legislación.
Chávez López señaló que la medida busca fortalecer la democracia mediante la prevención de posibles intentos de infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales.
El consejero sostuvo que las organizaciones criminales no responden necesariamente a una determinada corriente partidista, por lo que los riesgos pueden presentarse independientemente del partido político que postule a una persona.
Partidos tendrán la decisión final sobre las postulaciones
Otro de los aspectos establecidos en los lineamientos es que la inclusión de personas en las listas sujetas a revisión por parte de las instituciones participantes será estrictamente voluntaria, tanto para las personas aspirantes como para las fuerzas políticas.
En caso de que las verificaciones permitan identificar un riesgo considerado razonable, la comisión no sustituirá a los partidos políticos ni a las candidaturas independientes en la decisión sobre sus postulaciones.
Chávez López enfatizó que, conforme al procedimiento establecido, la determinación final de mantener o retirar una postulación corresponderá exclusivamente a los partidos políticos y a las candidaturas independientes.
La nueva comisión comenzará así sus trabajos de cara al proceso electoral federal concurrente de 2026-2027, en un esquema que busca incorporar mecanismos de prevención frente a posibles vínculos entre candidaturas y estructuras delictivas, sin convertir las revisiones administrativas en acusaciones o resoluciones sobre la responsabilidad de las personas.
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