El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) amplió la fiscalización al municipio de Tenancingo mediante la incorporación de una nueva auditoría de cumplimiento financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
De acuerdo con el organismo, la Auditora Superior de Fiscalización, Liliana Dávalos Ham, emitió el Acuerdo 06/2026, mediante el cual se modificó el Programa Anual de Auditorías 2026 (PAA 2026) para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025.
Con esta modificación se incorporó la auditoría de cumplimiento financiero ACF-180 al Ayuntamiento de Tenancingo, municipio que ya se encontraba incluido en el programa de fiscalización mediante la auditoría de legalidad AL-062.
La nueva revisión amplía el alcance de la fiscalización prevista para el municipio y eleva a 91 el número total de auditorías programadas en el ámbito municipal.
El OSFEM señaló que estos ajustes tienen como objetivo fortalecer las acciones de fiscalización durante 2026 y atender de manera oportuna áreas de riesgo, asuntos prioritarios para el interés público y necesidades detectadas durante las etapas de planeación y ejecución de los trabajos de auditoría.
El Acuerdo 06/2026 fue emitido el 2 de septiembre de 2026 y publicado este viernes 4 de septiembre en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, fecha en la que entró en vigor.
La incorporación de la auditoría ocurre en un contexto de señalamientos contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, a quien se le ha acusado públicamente de un presunto desfalco por alrededor de 40 millones de pesos.
Asimismo, existen señalamiento en contra de la alcaldesa por un supuesto montaje de secuestro para obtener un rescate y hacer frente a una presunta deuda con recursos del Ayuntamiento. Estos señalamientos no deben considerarse hechos acreditados mientras no exista una resolución de la autoridad competente.
La nueva auditoría del OSFEM permitirá revisar el manejo y aplicación de los recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y, en su caso, determinar si existen observaciones o posibles irregularidades que deban ser atendidas conforme a los procedimientos establecidos.
Por ahora, la modificación del Programa Anual de Auditorías representa una ampliación de los trabajos de fiscalización y no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad administrativa o penal contra algún funcionario.
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