Con el propósito de impulsar la inclusión laboral efectiva, los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, propusieron ante el Congreso mexiquense otorgar subsidios en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal para aquellos empleadores que generen plazas para personas con discapacidad.
La iniciativa plantea una reforma directa a la Ley de Ingresos estatal de 2026. El objetivo principal es otorgar una bonificación del 100 por ciento, con una duración de 36 meses, a las empresas o patrones que creen empleos nuevos para personas trabajadoras con alguna discapacidad durante el ejercicio fiscal de este año.
A la par, el proyecto legislativo propone modificar el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Esta modificación permitiría a las personas físicas o jurídico-colectivas deducir de sus ingresos acumulables un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a este sector poblacional.
Para acceder a estos beneficios, la propuesta establece normativas estrictas. Las y los contribuyentes deberán obtener un certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto a los trabajadores contratados. Asimismo, quienes apliquen estas deducciones y subsidios tendrán que cumplir rigurosamente con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, la cual dicta las responsabilidades fundamentales de los patrones.
Durante la presentación, el legislador Anuar Azar indicó que el objetivo es que las empresas abran sus puertas a las personas con discapacidad y que el gobierno abra la cartera mediante incentivos para exigir, no solo en el discurso, sino en los hechos, acciones concretas. De aprobarse en el Pleno, esta medida se sumaría a los beneficios fiscales ya vigentes para quienes contraten a personas mayores de 60 años, profesionistas recién graduados entre 2024 y 2026, personas que ingresan por primera vez al mercado laboral, miembros de comunidades indígenas, mujeres jefas de familia y personas preliberadas o amparadas por la Ley de Amnistía.
