Integrantes de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) realizaron una marcha en Naucalpan, Estado de México, supuestamente para exigir un comercio libre de extorsión. Sin embargo, la manifestación ha generado controversia y dudas debido a las presuntas conexiones de ACME con grupos acusados de extorsión en Naucalpan.
Los manifestantes, vestidos de blanco y portando globos, partieron del parque Naucalli hacia el palacio municipal de Naucalpan, causando severas congestiones de tráfico sobre Periférico Norte. La marcha, denominada “Por la Paz”, fue convocada tras un incidente ocurrido hace unos días en Naucalpan, donde comerciantes denunciaron agresiones a balazos.
Respecto a los hechos ocurridos durante el fin de semana en Naucalpan en el que dos menores resultaron lesionadas, se menciona que los comerciantes fueron agredidos por individuos pertenecientes a una asociación local. Durante años, comerciantes han denunciado que algunos miembros de dicha asociación se enriquecieron a manos llenas. Manejaban a poco más de mil 200 miembros, a quienes cobraban “cuotas” de todo y por todo.
Lo que pone en entredicho la legitimidad de la marcha convocada por ACME, aunado a eso se menciona que la mayoría de los asistentes a la marcha eran aparentemente transportistas acarreados desde Cuautitlán Izcalli, lugar de origen de ACME, y no comerciantes de Naucalpan.
Lo que mancha aun más este movimiento y pone en tela de juicio los motivos de la marcha, es que en meses pasados, autoridades del Estado de México identificaron a 25 agrupaciones criminales que se dedican a la extorsión, uno de los delitos de alto impacto que más se cometen en la entidad.
De las 25 agrupaciones y células identificadas, se informó que algunos son carteles del crimen organizado y algunos otros son sindicatos y asociaciones los principales señalados de cometer este crimen en agravio de los comerciantes, entre las asociaciones señaladas de presuntamente cometer extorsión se encuentra la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), quienes presuntamente operan en diversos municipios como Tlalnepantla, Melchor Ocampo, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Tultepec, Coacalco, Tecámac, Nextlalpan, Jaltenco, Naucalpan y Ecatepec.

La situación plantea serias interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la marcha y las intenciones de ACME. Mientras los comerciantes legítimos buscan protección contra la extorsión, existe la preocupación de que grupos involucrados en actividades ilícitas estén utilizando estas manifestaciones como pantalla para sus propias agendas.
A pesar de que el Código Penal del Estado de México establece penas severas por extorsión, incluyendo hasta 70 años de prisión en casos agravados, las autoridades no han tomado medidas contundentes contra estos grupos. La situación pone de manifiesto la complejidad del problema de la extorsión en la entidad y la aparente impunidad con la que operan estas organizaciones.
Esta situación subraya la urgente necesidad de una acción decidida contra la extorsión en el Estado de México, especialmente cuando los presuntos perpetradores intentan presentarse como víctimas ante la opinión pública.