El diputado Octavio Martínez Vargas propuso reformar el Código Penal del Estado de México para ampliar los supuestos de los delitos cometidos en el ejercicio de la abogacía y establecer sanciones de hasta cinco años de prisión a quienes falseen hechos, presenten pruebas falsas o promuevan dilaciones indebidas en procesos judiciales.
La iniciativa busca sancionar conductas que, según el legislador, actualmente no están plenamente tipificadas en la legislación local y que pueden generar impunidad, afectar a las personas justiciables y dañar la credibilidad del sistema judicial.
La propuesta establece penas de dos a cinco años de prisión, de 100 a 500 días multa, así como suspensión e inhabilitación profesional hasta por tres años —y privación definitiva en caso de reincidencia— para abogados, litigantes, defensores y asesores jurídicos que:
- Soliciten plazos para probar hechos notoriamente improcedentes.
- Aconsejen presentar testimonios o documentos falsos.
- Oculten, sustraigan o destruyan expedientes judiciales bajo su custodia.
- Simulen actos jurídicos o alteren elementos de prueba para obtener resoluciones contrarias a la ley.
- Promuevan recursos o incidentes notoriamente improcedentes para retrasar juicios.
- Aleguen hechos falsos o invoquen leyes inexistentes o derogadas.
También se sancionaría a quienes ejerzan acciones con base en testigos falsos o documentos sin valor legal.
No busca criminalizar la profesión, afirma legislador
En sesión deliberante, el legislador sostuvo que el objetivo no es criminalizar la abogacía, sino protegerla frente a prácticas desleales que vulneran los principios éticos y morales que rigen la profesión.
Señaló que el Código Penal vigente contempla actualmente sanciones de uno a tres años de prisión en ciertos supuestos, como abandono de defensa sin causa justificada o representación de partes con intereses opuestos, pero consideró que existen vacíos legales que deben corregirse.
Defensa inadecuada y fabricación de delitos
Martínez Vargas afirmó que es urgente tipificar la fabricación de delitos en la legislación estatal, al señalar que alrededor del 25% de las personas privadas de la libertad habrían recibido una defensa inadecuada.
La reforma busca fortalecer la ética profesional y garantizar que la defensa jurídica se ejerza con apego a la ley y compromiso real con la justicia.
