A poco más de siete meses de haber asumido el cargo, la presidenta municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, enfrenta crecientes señalamientos por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y prácticas de nepotismo que ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.
Las indagatorias no solo alcanzan a la actual administración, sino también a la de su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, hoy diputada local. Ambas son señaladas por el uso irregular de recursos públicos y adjudicaciones opacas por más de 111 millones de pesos en conjunto.
Desde el inicio de su gestión en enero de 2025, Castro Fernández ha sido señalada por otorgar contratos públicos bajo esquemas cuestionables, como asignaciones directas o supuestas licitaciones con un solo postor, por un monto que supera los 72.7 millones de pesos. A esto se suman irregularidades heredadas de la administración de Elena García, particularmente en la compra de terrenos ejidales sin respaldo legal.
De acuerdo con la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, la Fiscalía investiga el presunto desvío de 38.5 millones de pesos realizados durante la administración de García Martínez a través de la asociación civil “Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C.” para la adquisición irregular de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan, sin escrituras públicas ni certeza jurídica.
Vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 fueron quienes denunciaron los hechos ante el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría estatal. También reportaron un pago adicional de 5 millones de pesos al Fonapho en 2023, sin que hasta ahora haya avances en la regularización de los predios.
Además, acusan un intento de borrar la identidad jurídica de la colonia al proponer su cambio de nombre a “Cuarta Transformación”, lo que temen sería una estrategia para despojarlos de sus viviendas.
La cercanía entre ambas políticas ha sido ampliamente criticada. Elena García impulsó la candidatura de su cuñada Ana María Castro, quien hoy tiene al menos a tres familiares laborando en el Ayuntamiento, situación que refuerza la percepción de una red de poder basada en la familia.
La gestión municipal también ha sido señalada por empresarios locales, quienes denuncian trabas burocráticas y corrupción que ahuyentan inversiones y profundizan los niveles de pobreza en el municipio, donde más del 40% de los habitantes vive en condiciones vulnerables.
