Yuricie Rivera Elizalde, una enfermera de 46 años del IMSS, falleció a manos de elementos de la Sedena el pasado viernes 11 de octubre después de recibir un disparo en el rostro. Según el testimonio de su esposo, Víctor Manuel Carrillo Martínez, el incidente ocurrió cuando la familia se dirigía a cenar a casa de una conocida y circulaban por la avenida Eva Sámano.
Al llegar al cruce con la calle Miquihuana, se encontraron con un grupo de militares que aparentemente perseguían a hombres armados, en ese momento Manuel Carrillo detuvo su marcha esperando indicaciones de los militares, sin embargo, afirma que los soldados «comenzaron a disparar directamente hacia su camioneta» sin motivo aparente, impactando fatalmente a su esposa. El y su hijo de nueve años resultaron ilesos.
«Empezaron a disparar sin motivo, no sé qué pensaban o por qué lo hicieron. Quiero que se haga justicia», declaró Carrillo Martínez a La Jornada. Según su relato, los elementos de la Sedena ignoraron sus pedidos de ayuda y huyeron del lugar tras el incidente.
En este contexto el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha denunciado la muerte de tres civiles durante el pasado fin de semana, presuntamente a manos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El primero de ellos el caso de Yuricie Rivera Elizalde, el segundo caso, una mujer identificada como Lidia Iris Fuentes, y por último un joven identificado Diego Alfredo, de 18 años.
Lidia Iris Fuentes Galván falleció la noche del sábado en el fraccionamiento Palmares. Ella y su nieta, Lidia Fuentes, quedaron atrapadas en medio de una persecución entre la Guardia Nacional y presuntos delincuentes. El Comité de Derechos Humanos afirma que los elementos de la Guardia Nacional dispararon contra su vehículo, hiriendo a la nieta en la cabeza, Lidia Iris se encontraba agachada en el asiento delantero intentando protegerse; fue trasladada de urgencias, pero falleció por las lesiones.
Por otra parte, Diego Alfredo, de 18 años, fue hallado muerto en una de las camionetas perseguidas en el fraccionamiento Palmares. Su cuerpo presentaba señales de tortura, y se sospecha que estaba secuestrado.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha criticado al gobierno de Tamaulipas por «callar y minimizar los hechos». Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de las autoridades estatales o federales sobre estos incidentes.
Estos eventos han generado preocupación entre la población y organizaciones de derechos humanos, quienes demandan una investigación exhaustiva y transparente de los hechos, así como medidas para prevenir futuros incidentes similares, incluso hay quienes señala que esta situación se podría agravar tras la reciente reforma de ley que adhirió la Guardia Nacional a la Sedena.
