Seis personas capturadas durante el operativo “Liberación”, implementado en el sur del Estado de México, fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Durante las audiencias realizadas el pasado sábado 26 de julio, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar juicio contra Gonzalo “N”, Yareli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, por lo que deberán permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. El plazo fijado para la investigación complementaria vence el próximo 23 de septiembre de 2025.
Entre los imputados destaca Gonzalo “N”, presunto líder del sindicato “Bradosva”, acusado de exigir cuotas por la venta y distribución de materiales de construcción en Valle de Bravo. Por su parte, Yareli “N”, regidora en funciones del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal al momento de su aprehensión, enfrenta cargos por haber participado en la privación ilegal de la libertad de un comerciante con fines extorsivos.
Jorge “N”, relacionado con el control de madererías en Valle de Bravo, habría amenazado a empresarios locales para obligarlos a pagar cuotas mensuales. En tanto, Antonio “N”, vinculado al negocio cárnico en la región sur, presuntamente intimidó a una víctima para obligarla a consumir únicamente su producto.
Las otras dos personas procesadas, Alicia “N” y José Fernando “N”, habrían presionado a un comerciante para comprar madera a sobreprecio, bajo amenazas de represalias si no accedía.
Las detenciones ocurrieron durante la estrategia interinstitucional denominada “Operación Liberación”, en la que participaron elementos de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Edomex, SSPC, CONASE y la propia FGJEM, con el objetivo de frenar redes de extorsión que operan en la zona sur de la entidad.
Las autoridades recordaron que los delitos imputados son graves y pueden alcanzar hasta 80 años de cárcel o más, pero recalcaron que, hasta que no exista una sentencia condenatoria, las personas procesadas deben considerarse inocentes.
La Fiscalía reiteró el llamado a denunciar este tipo de delitos de manera anónima al 089, línea habilitada para atender casos de extorsión.
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