El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal para tipificar el delito de usura, con lo que se sancionarán prácticas como los llamados “préstamos gota a gota” con penas de uno a 15 años de prisión y multas de hasta 395 mil 990 pesos.
La iniciativa, promovida por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), busca frenar los abusos derivados del cobro de intereses excesivos y desproporcionados, que suelen imponerse bajo condiciones poco transparentes y sin regulación formal.
De acuerdo con la reforma, cometerá el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad económica, ignorancia o inexperiencia de otra persona, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios —a través de contratos o convenios formales o informales— cobrando intereses superiores al doble de las tasas fijadas por el Banco de México para operaciones similares.
El dictamen, presentado en sesión deliberante por el legislador Vladimir Hernández Villegas (Morena), establece que la sanción económica irá de 100 a 3 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un máximo de 395 mil 990 pesos con el valor actual de la UMA.
Desde tribuna, el diputado Octavio Martínez recordó que, aunque desde 1908 existe una ley federal para regular la usura, en el Estado de México este delito no estaba tipificado, sino que se trataba como una modalidad de fraude, lo que dificultaba su persecución y castigo.
En la exposición de motivos se destaca que la tipificación de la usura como un delito autónomo permitirá reconocer y visibilizar esta práctica como una forma específica de abuso económico, que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas de familia, adultos mayores, pueblos indígenas o personas en pobreza.
Además, al contar con una figura penal propia, se facilitará la investigación, integración de carpetas y judicialización de los casos, eliminando las ambigüedades legales que existían al tratarse dentro del tipo penal de fraude.
Finalmente, la reforma busca enviar un mensaje contundente contra la explotación financiera informal y promover el acceso a mecanismos legales y regulados de crédito, contribuyendo a prevenir el endeudamiento extremo y la vulnerabilidad económica de las víctimas.
