Con el objetivo de proteger el derecho a una vivienda digna y evitar incrementos desproporcionados en las rentas, la diputada de Morena, María José Pérez Domínguez, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de México y limitar los aumentos en contratos de arrendamiento habitacional al índice anual inflacionario reportado por el Banco de México.
La propuesta plantea que, en la renovación o novación de contratos de arrendamiento de vivienda, el incremento de la renta no pueda superar la inflación registrada el año previo. Además, establece que, si la inflación alcanza cifras de dos dígitos, el aumento máximo permitido será de 10 por ciento.
Actualmente, la legislación mexiquense permite incrementos de hasta 10 por ciento en las renovaciones de renta; sin embargo, la legisladora señaló que este porcentaje supera ampliamente el promedio inflacionario de los últimos diez años, que se ubica en 4.06 por ciento.
María José Pérez explicó que aumentos superiores a la inflación representan una carga económica para las familias arrendatarias, ya que obligan a destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de vivienda o incluso a abandonar sus hogares ante la imposibilidad de cubrir los nuevos costos.
“Si antes tenían un monto establecido para sufragar el gasto, ahora tendrán que destinar una mayor parte de sus sueldos a costearlo o, en el peor de los casos, se verán forzados a buscar otras opciones al ser impagable la nueva cantidad”, expuso.
La diputada recordó que el Gobierno Federal impulsa el Programa Nacional de Vivienda 2026–2030, el cual busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada como un derecho social y no como una mercancía. No obstante, subrayó que también es necesario fortalecer mecanismos legales que protejan a quienes rentan una vivienda.
La iniciativa también busca evitar aumentos arbitrarios en las rentas, ya que, según expuso la legisladora, actualmente existen casos de familias mexiquenses que reciben notificaciones de incrementos de hasta el doble o triple del monto original, sin previo aviso ni mejoras al inmueble.
Finalmente, María José Pérez afirmó que la propuesta no pretende afectar el libre mercado, sino establecer límites razonables que protejan la economía de las familias y garanticen condiciones más justas para quienes viven en arrendamiento.
