Durante la sesión de este miércoles en el Senado de la República, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en respuesta al descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y más de 100 heridas.
La senadora Cristina Ruiz Sandoval propuso modificar y adicionar los artículos 2 y 55 Bis para fortalecer los protocolos de investigación y respuesta ante siniestros ferroviarios. Desde tribuna, recordó a las víctimas, entre ellas menores de edad, y afirmó: “Cuando el Estado falla, no se pierde un informe, se pierden vidas”.
“La seguridad no se inaugura, se garantiza. La corrupción no solo roba dinero, roba vidas.” “Quieren que el tren siga siendo caja registradora aunque la gente vaya encima de una ruleta rusa”, expresó.
La propuesta iniciativa se centra en tres ejes principales:
Definición legal clara: Diferenciar entre “incidente” y “accidente” para evitar ambigüedades jurídicas.
Investigación independiente: Que en casos con pérdida de vidas la Secretaría correspondiente atraiga el caso mediante una Comisión Independiente de Especialistas.
Plazos y sanciones: Establecer un máximo de 60 días para que dicha comisión rinda un informe.
Observaciones de la ASF
Por otra parte, la Auditoria Superior de la Federacion (ASF) detectó 81 millones 634 mil 100 pesos pendientes de aclarar en trabajos de la Línea Z del Tren Interoceánico, tramo donde ocurrió el accidente.
En la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó la ejecución de obras por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., responsable del proyecto del Corredor Interoceánico. La Auditoría 118 analizó trabajos por 3 mil 510 millones de pesos de un universo de más de 5 mil 315 millones, determinando el monto por aclarar antes citado.
Denuncian falta de transparencia
Víctimas del descarrilamiento también denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de investigación. Juan Manuel Iglesias López, sobreviviente del siniestro, solicitó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que se garantice justicia y transparencia.
El afectado aseguró que el gobierno federal le habría condicionado el pago de una indemnización a cambio de retirar la denuncia interpuesta y prescindir de sus abogados. Indicó que la Comision Ejecutiva de Atencion a Victimas le ofreció poco más de un millón de pesos como reparación del daño.
“La Comisión de Atención a Víctimas me convocó… pero me dicen: ‘Haz a un lado a tus abogados y lo hacemos nosotros’, y eso no es correcto”, declaró.
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