Ante el complejo panorama de inseguridad que enfrenta México, el senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear un Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, con el fin de garantizar recursos directos a estados y municipios para fortalecer sus corporaciones policiales y de justicia.
La propuesta busca modificar el Artículo 21 de la Constitución Política para que el Estado pueda transferir recursos federales etiquetados exclusivamente al fortalecimiento institucional, equipamiento, profesionalización de personal, formación de mandos policiales y sistemas de inteligencia, además de fomentar la prevención del delito y la participación ciudadana.
“Las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública atraviesan una situación crítica. La falta de recursos humanos, financieros y materiales limita su capacidad para proteger a la población”, señaló Vargas del Villar.
El legislador recordó que desde la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en 2019, los municipios han dejado de recibir más de 24 mil millones de pesos para tareas de seguridad, lo que ha dejado vulnerables a miles de comunidades.
De acuerdo con la iniciativa, los recursos del nuevo fondo deberán aumentar cada año al menos en el mismo porcentaje que el crecimiento del PIB, mantenerse identificables en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ser asignados con base en criterios públicos como población, incidencia delictiva, marginación, capacidades institucionales y transparencia.
Además, los estados y municipios deberán cofinanciar los recursos en una proporción 1 a 1, salvo en los casos con alto rezago institucional, donde la proporción podría ser 1 a 2.
“Una política de seguridad eficaz requiere no solo más recursos, sino que estos estén garantizados constitucionalmente y bajo esquemas de transparencia”, afirmó el senador panista.
El Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública también obligará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a presentar informes de resultados, evaluación de desempeño y sanciones por incumplimiento.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) del INEGI, el 75.6% de la población mexicana considera que vivir en su entidad es inseguro, mientras que 29% de los hogares reportó que al menos un integrante fue víctima de delito durante 2024, cifras que, advirtió Vargas, justifican la urgencia de fortalecer a las instituciones locales.
