El Poder Judicial del Estado de México se encuentra en el centro de la controversia tras la absolución de un presunto agresor sexual por parte del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. El caso ha generado indignación y preocupación en la sociedad y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.
El acusado enfrentaba cargos por abusar sexualmente de una niña de cuatro años de edad. A pesar de contar con pruebas contundentes en su contra, el juez Martínez Vitela decidió absolverlo. La menor había sufrido tocamientos, y aunque el juez reconoció que estos estaban corroborados, argumentó que no existían medios u órganos de prueba suficientes para reconstruir lo ocurrido, ya que la victima de 4 años, no pudo recordar la hora exacta y el lugar donde ocurrió la agresión.
El Poder Judicial mexiquense respaldó la decisión del juez, alegando que las horas en que supuestamente ocurrió el abuso no coincidían con la ubicación del presunto agresor. Según la justificación oficial, el acusado había demostrado su ubicación mediante registros bancarios y aplicaciones móviles desde las 10:00 de la mañana hasta la noche, acompañado por su esposa e hija. Sin embargo, los abuelos de la víctima aseguran que el abuso ocurrió en su domicilio entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando ellos estaban presentes.
Además, el juez Martínez Vitela entró en un diálogo fuera de contexto con la madre de la menor después de que la audiencia ya había finalizado. Esta acción ha sido considerada revictimizante por organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
A pesar de la indignación pública, el Poder Judicial del Estado de México afirmó que la sentencia no es firme y puede ser apelada ante un tribunal. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad y la búsqueda de justicia en el sistema judicial.
El respaldo hacia el juez Martínez Vitela por parte del Poder Judicial ha sido cuestionado por la sociedad. Los videos de la audiencia, donde la madre cuestiona al juzgador sobre su fallo, han circulado ampliamente en redes sociales. La comunidad exige respuestas y compromisos reales para garantizar que casos como este no queden impunes y que la protección de los derechos de los niños sea una prioridad absoluta.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema judicial y la importancia de que los jueces actúen con responsabilidad y sensibilidad hacia las víctimas más vulnerables. La lucha por la justicia continúa, y la sociedad espera que se haga justicia en nombre de la niña de cuatro años y de todas las víctimas de abuso sexual infantil.
