Siete servidores públicos municipales, incluyendo la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, fueron detenidos durante el operativo “Enjambre” y permanecerán en prisión preventiva mientras se determina su vinculación a proceso por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos graves.
Entre los detenidos se encuentra María Elena “N”, alcaldesa de Amanalco, imputada como presunta autora intelectual del homicidio del exsíndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Guillermo Roque, ocurrido en enero de 2023. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la edil habría ordenado los asesinatos por conflictos relacionados con intereses de su administración.
Además, se le acusa de tener nexos con “La Familia Michoacana”, permitiendo pagos regulares provenientes del erario municipal a este grupo criminal, incluyendo un millón 300 mil pesos cada tres meses y montos adicionales por acuerdos de cabildo aprobados.
Los demás detenidos son; Miguel Ángel “N”, director de seguridad de Amanalco: Imputado junto con la alcaldesa y recluido en el penal de Almoloya de Juárez. Rodolfo “N” y Roberto “N”, mandos de seguridad en Ixtapaluca: Acusados de secuestro exprés con fines de extorsión, permanecen en el penal Molino de Flores en Texcoco. Omar “N”, subdirector operativo de Naucalpan: Acusado de extorsión, recluido en el penal de Cuautitlán. Ellery Guadalupe “N”, presidente del DIF de Tonatico: Vinculado a delitos relacionados con el crimen organizado, en el penal de Otumba. Eraclio “N”, director de seguridad de Tejupilco: Detenido en el penal de Tenango del Valle por su presunta implicación en hechos delictivos.
El operativo, que involucró a más de 1,500 elementos de la FGJEM, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y fuerzas de seguridad estatales y federales, se desplegó en municipios como Amanalco, Texcaltitlán, Naucalpan e Ixtapaluca.
Aunque se han ejecutado estas detenciones, aún quedan pendientes siete órdenes de aprehensión, incluidas las de directores de seguridad de Coacalco, Chicoloapan y Jilotzingo.
Las audiencias de los implicados se realizarán entre el 27 y 28 de noviembre para determinar si serán vinculados a proceso. Este caso pone en el centro de atención los vínculos entre autoridades municipales y el crimen organizado, así como el desvío de recursos públicos para financiar actividades ilícitas.
Con información de Informa MX
