Ante el creciente uso de drones por parte del crimen organizado para transportar droga y perpetrar ataques, el senador de Morena, Antonino Morales, anunció que esta semana presentará una iniciativa para regular la comercialización y establecer un registro obligatorio de estos vehículos aéreos no tripulados en México.
Morales explicó que la propuesta busca tener un mayor control sobre la venta y destino de estos equipos, los cuales, según reportes oficiales, ya han sido utilizados para atacar a fuerzas de seguridad, como elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. También se han documentado enfrentamientos entre grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos.
“Ya tenemos experiencia con registros como el vehicular o el telefónico. Tener información sobre los importadores y la vida útil de estos aparatos permitirá prevenir que caigan en manos de la delincuencia organizada”, señaló el legislador.
La iniciativa, que se presentará este miércoles, plantea regular los puntos de venta, así como establecer un padrón de importadores y distribuidores de drones, para rastrear su destino final y evitar su mal uso. Morales agregó que esta medida complementará la reforma enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual contempla penas de hasta 40 años de prisión por el uso indebido de estos dispositivos.
El senador advirtió que los grupos delictivos están modificando drones comerciales o mandando a fabricar equipos con características específicas para transportar cargas de droga de hasta 100 kilogramos, y que estos aparatos ya se adquieren fácilmente en plataformas digitales.
“No queremos más atentados contra nuestros marinos, nuestros soldados o policías. La delincuencia organizada está utilizando drones no solo para atacar a la autoridad, sino también entre ellos, lo que deja a la población en medio del fuego cruzado”, advirtió Morales, al referirse a casos documentados en estados como Michoacán.
Los primeros reportes de uso de drones por parte del crimen organizado en México apuntan al Cártel de Sinaloa, aunque su uso se ha extendido ya a otros grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La propuesta legislativa también contempla ampliar el catálogo de prohibiciones respecto al uso de drones y reforzar la normatividad sobre aeronaves pilotadas remotamente (RPAS).
