El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció un paro laboral nacional para el próximo 31 de octubre, en protesta por la falta de insumos, pagos pendientes y despidos injustificados dentro del sector.
En un comunicado emitido el 29 de octubre, la organización sindical informó que la medida se toma “con motivo de la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales”, entre los que mencionan impresoras, hojas, papelería, agua y servicio de comedores, así como la falta de sustitución de plazas vacantes y el cese de despidos masivos de servidores públicos.
“Este Sindicato ha determinado la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país el próximo 31 de octubre de 2025”, señala el documento difundido por el gremio.
El sindicato también denunció el incumplimiento del incremento salarial anual y el pago retroactivo correspondiente, el cual —aseguran— ha sido comprometido en repetidas ocasiones por el Órgano de Administración Judicial sin que se haya concretado.
Aunque se trata de una agrupación minoritaria dentro del Poder Judicial, el Sindicato Nacional de Renovación cuenta con alrededor de 22 mil trabajadores activos en distintas áreas del país, por lo que el paro podría generar afectaciones en la operación de juzgados y tribunales federales, así como en la atención de trámites legales y administrativos.
No obstante, el sindicato mayoritario del PJF anunció que no respaldará la protesta y llamó a los trabajadores a mantener sus actividades con normalidad.
El paro de “brazos caídos” implicará el cierre temporal de sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal, aunque el sindicato aclaró que se mantendrán los servicios de guardia para atender únicamente casos urgentes, en apego a los principios de protección de derechos fundamentales.
La organización sustentó su decisión en el Artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reconocen el derecho a la protesta laboral ante condiciones adversas en el servicio público.
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