PRI Borra Mensajes De Condolencias Por La Muerte De «El Chuyón», Presunto Integrante Del CJNG Asesinado En Bar De Querétaro

Un violento ataque armado en el bar «Los Cantaritos» de la ciudad de Querétaro, dejó un saldo de 10 personas muertas y 13 heridas, sacudiendo la percepción de seguridad que prevalecía en la entidad.

El ataque, atribuido a un grupo de cuatro individuos fuertemente armados, tenía como objetivo a Jesús Arteaga Montenegro, alias «El Chuyón», y Fernando González Núñez, conocido como «La Flaca», presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las víctimas eran conocidas por exhibir en redes sociales un estilo de vida lujoso, evidenciando sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

La ejecución fue precisa y bien planeada, lo que sugiere que se trató de un atentado dirigido y no un enfrentamiento fortuito. Este hecho ha generado un intenso debate en torno a los nexos entre la violencia del crimen organizado y el ámbito político-social de Querétaro, tradicionalmente visto como un bastión de estabilidad.

Las reacciones más polémicas se dieron luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Querétaro, en su cuenta oficial y la de su presidenta, Abigail Arredondo Ramos, publicaron mensajes de condolencias a los familiares de Jesús Alberto Arteaga Montenegro, sobrino de los hermanos Joaquín y Jorge Mario Montenegro Gutiérrez, también miembros del PRI.

Tras una ola de críticas por los presuntos vínculos de Arteaga Montenegro con el CJNG, los mensajes fueron eliminados. Arredondo, en declaraciones posteriores, alegó que las condolencias buscaban mostrar respeto y solidaridad hacia todas las víctimas, y reiteró la necesidad de esperar los resultados de la investigación oficial antes de emitir juicios definitivos.

El atentado ha evidenciado la creciente penetración del crimen organizado en áreas que tradicionalmente se percibían seguras, como Querétaro. Ante esto, la presidenta del PRI en la entidad ha hecho un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad para evitar que el estado sucumba al control de las organizaciones delictivas.